Mediante un convenio de colaboración entre el intendente Darío Díaz Pérez y el Gobierno Nacional, hace un año se lanzó un "plan para mejorar el servicio policial local", que incluía un sistema de monitoreo con cámaras en la vía pública.

En ese momento, el municipio destacó que una parte de las tasas municipales iban a destinarse al mantenimiento de las cámaras que incluía ese sistema. Sin embargo, desde la oposición admiten que "este plan nunca se puso en marcha", pero además sostienen que no fue trasparente la licitación de la empresa encargada de brindar este servicio.

Como si fuera un “Expediente X”, la intendencia a cargo de Darío Díaz Pérez no hace público quienes son los encargados de prestar este servicio a la comunidad, y desde el bloque oficial destacan que este proyecto está en “un periodo de prueba por lo cual no pueden difundir detalles”.

En un contexto de desinformación oficial, el concejal de la Coalición Cívica de Lanús, Mariano Amore, adelantó que presentará un pedido de informe para que el Ejecutivo local "indique dónde está el dinero que fue girado para la instalación de un sistema de monitoreo con cámaras".

El titular de la bancada arista remarcó además que los concejales "no tienen conocimiento sobre la licitación que designó a la empresa que desarrollará el plan de seguridad", pero alegó que los fondos ya fueron enviados a la comuna a través de un convenio con la Nación. "En Lanús no hemos visto ninguna cámara, es más ni siquiera sabemos si ya se han comprado", manifestó en diálogo con LPO.

Asimismo, cuestionó también la metodología utilizada por la intendencia, "que le transfirió a asociaciones civiles la potestad de determinar los puntos neurálgicos dónde se deben poner las cámaras". Advierten que esto hace “desligar de responsabilidades al Ejecutivo”.

Además, Amore recordó que los vecinos de Lanús desde el año 1998 están abonando una tasa (que está incluida dentro del ABL) que es destinada a las políticas de seguridad, sobre todo al mantenimiento de patrulleros y comisarías, por lo aseveró “la ciudadanía está en su derecho de exigir respuesta a la comuna”.

Una licitación a medida

En medio de especulaciones por falta de información, en los pasillos del Concejo Deliberante se escucha que la licitación de la empresa que será la encargada de concretar el plan de monitoreo “vino directamente cerrada a la Municipalidad”,

Suponen así que el municipio tratará de privilegiar a una organización vinculada con el Gobierno Nacional. "La licitación ya venía con nombre y apellido, esto siempre es igual, te doy los fondos pero que gane tal empresa", admitieron desde uno de los sectores de la oposición que domina el Concejo.

En tanto, desde otro bando enfrentado a la comuna estiman que la dilación en la ejecución del plan se debe a que "hay una disputa entre dos empresas", y no descartan que puede estar detrás de la licitación el ex secretario de Mario Firmenich en Montoneros, Mario Montoto, quien ya realizó un sistema similar en la Capital Federal, aunque nadie lo quiere admitir abiertamente.

Desde la Coalición Cívica admitieron que "en Ejecutivo nunca dio a conocer que empresa ganó la licitación de este sistema de seguridad", y recalcaron que este detalle también va a ser solicitado en el pedido de informes.

Respuesta oficial

El jefe de la bancada oficialista en el Concejo Deliberante de Lanús, Héctor Montero, se defendió de las críticas, y sostuvo que "se están impulsando muchas tareas para reforzar la seguridad" y sostuvo que "hay un trabajo constante entre el Municipio, la policía y las asociaciones civiles".

"Hemos incorporado vehículos, personal y está en una etapa piloto la instalación de la cámaras de seguridad, por el momento la única zona que cuenta con este sistema es Valentín Alsina", manifestó en comunicación con este medio.

Cabe recordar que en dicha localidad del distrito el pasado 15 de abril, la sociedad se consternó por el asesinato de Daniel Capristo, un vecino cuya vida fue arrebatada por un chico de 14 años, que ya tenía antecedentes, desde esa fecha los vecinos de Valentín Alsina comenzaron a movilizarse e incluso hicieron llegar su reclamo de Justicia al Congreso Nacional.

En ese momento, el jefe comunal, el kirchnerista Darío Díaz Pérez, señaló que "los barrios más humildes de Lanús están siendo muy afectados por la problemática del paco", y destacó que comenzaron a "cambiar las autoridades policiales para poder resolver los hechos delictivos". Pero aclaró que "la seguridad no es un rubro jurídicamente nuestro, sino de la provincia de Buenos Aires".

Por su parte, el edil oficialista Montero insistió en que “las cámaras se podrán ver en todo el municipio en el corto plazo”, y omitió señalar cual es la empresa encargada de instalar la red de monitoreo, aunque enfatizó que la primer prueba la hizo la empresa privada "Pegaso Seguridad Integral".

El Presidente del Concejo Deliberante, José Luís Pallares, coincidió con Montero en que el "sistema de monitoreo está comenzando a funcionar" pero reconoció que los temas técnicos e inherentes a la licitación “tienen que ser respondidos por integrantes del Poder Ejecutivo local”. Desde este medio hemos intentado comunicarnos con la secretaria de Gobierno local pero no hemos tenido respuesta.

Desde el Frente Para la Victoria explicaron además que los problemas de inseguridad de la comuna “no se resolverán sólo con un monitoreo a través de cámaras ya que el principal problema de la comuna es la desigualdad social”.

La oposición compartió este criterio, pero sostuvo que “igual el Ejecutivo tiene que tener políticas más trasparentes”, y adelantaron que “pedirán más información” sobre el plan Gran Hermano de Lanús.
 

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